Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, ha anunciado hace escasos minutos que el Consejo de Ministros ha acordado la supresión del canon digital para sustituirlo por un "mecanismo de compensación" por copia privada mucho más justo y equitativo, cuyos criterios se desarrollarán próximamente en un Real Decreto. Del mismo modo, el Gobierno acaba de dar luz verde a una norma antidescargas que recoge la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual encargada de velar por los derechos de los creadores; dicho organismo estaba ya presente en la controvertida Ley Sinde, que había quedado en el aire con el gobierno anterior por las múltiples protestas y el desacuerdo generalizado entre los ministros. Sáenz de Santamaría ha indicado ante los medios que "sólo se va a actuar, con la correspondiente protección judicial, contra quienes se lucran indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de otros". Según ha explicado la vicepresidenta, con esta medida "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería".

[Foto: Elsergietenapuros, CC 2.0]

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[Actualización: Vídeo tras el salto con José Blanco informando de la no aprobación de la Ley Sinde. Blanco no ha querido indicar su posición personal al respecto, y tampoco ha señalado el motivo por el que el reglamento ha naufragado en el último instante. Lo más que han podido sacarle los periodistas es que "las deliberaciones del Consejo de Ministros son reservadas y secretas".]

Las tensiones internas en el gobierno en funciones de España han podido aún más que la aparentemente férrea decisión de sacar adelante en el Consejo de Ministros la polémica Ley Sinde, que se ha dado un sonoro batacazo al pisarse los cordones de los zapatos en su huida hacia adelante. El "coco" de los internautas españoles, de esta forma, desaparecerá como un mal sueño tras meses de protestas y recursos, como el que interpuso la Asociación de Internautas alegando su inconstitucionalidad.

El nuevo reglamento, defenestrado ante la imposibilidad de poner al Consejo de acuerdo, era un auténtico documento prêt-à-porter, redactado a medida de las compañías productoras y las asociaciones de derechos de autor para combatir las descargas de contenidos. Su anuncio levantó las iras de los internautas, tanto por su engrasada introducción en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (finalmente aprobado en el Congreso con el apoyo del PP y CiU), como por el uso de medidas como el cierre acelerado de páginas web en caso de que el prestador de servicios "fuera susceptible de causar un daño patrimonial" a la parte demandante, cuando hasta ahora es necesario que haya ánimo de lucro. Esta vaga definición hubiera hecho perseguibles sitios web hoy considerados legales, incluso sin relación alguna con las industrias del cine y la música.

Ni tres días después de que Alex de la Iglesia reconociera en la gala de los Premios Goya que internet es la salvación del cine y que no resulta conveniente atacar a sus moradores, a fin de cuentas, los mismos consumidores que luego llenan las salas, los dos grandes partidos políticos españoles, con la colaboración de CiU, han dado luz verde en el Congreso a la Ley Sinde tras pasar con éxito el rebote al Senado, y pese a la clamorosa oposición de los internautas.

El nuevo texto, aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y CiU y la oposición de PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC, incorpora varias modificaciones para satisfacer a sus ahora convertidos valedores. Lo más reseñable es la necesidad de que un juez apruebe la petición de los datos de los supuestos infractores de los derechos de autor a sus proveedores de servicios (las empresas de hosting). Además, se establece un plazo de 48 horas para que los proveedores retiren los archivos "nocivos" o presenten alegaciones, periodo tras el cual pasarán un periodo de observación de ocho días; pasado este plazo, se presentará un informe que después será valorado por una comisión para su exposición al juez correspondiente.

El "coco" de los internautas españoles no ha muerto, pero sí se ha escondido brevemente en el armario. La famosa Ley Sinde ha naufragado esta noche en el Congreso tras una jornada de negociaciones interrumpidas entre el PSOE y CiU, que planteó una serie de exigencias a la postre inasumibles por los socialistas. Ningún partido salvo el PSOE votó a su favor.

La Disposición Final Segunda, bautizada en honor de la Ministra de Cultura e inscrita para su aprobación dentro de la Ley de Economía Sostenible, ha sido objeto de las iras de internautas, asociaciones de consumidores (FACUA se ha mostrado particularmente guerrera) y grupos opositores por facilitar el cierre por comisión de páginas con enlaces P2P o a sitios de descargas. Aunque desde el principio fue muy criticada por ser considerada una ley prêt-à-porter para las organizaciones de gestión de los derechos de autor, el auténtico escándalo saltó cuando se hizo público a través de Wikileaks que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, presionó en favor de la MPAA, y después el Gobierno de España pidió a EEUU que presionará a la oposición española.