Durante varias semanas hemos contenido la respiración mientras Oracle y Google presentaban sus mejores argumentos ante los tribunales para convencer a la justicia estadounidense de que Android viola/no viola seis patentes en el ojo del huracán, y después de todo este tiempo, finalmente tenemos la respuesta del jurado: Android no infringe las patentes que Oracle tiene en Java. El juez William Alsup de la Corte del Distrito Norte de California estuvo a cargo de la sesión y fue quien confirmó la decisión del jurado que indica que Google no viola las patentes presentadas por Oracle.

Con esto dicho, también se ha determinado que Google es culpable de dos violaciones menores a los derechos de autor de Oracle, que tienen que ver con la API de Java y algunas líneas de código de un proceso de verificación del rango de números, con una pena máxima de 150.000 dólares cada una. La decisión sobre la indemnización a pagar será tomada durante una sesión prevista para el martes.

Todo esto quiere decir que Google no tendrá que pagar los millones de dólares que había pedido Oracle, y que todos podemos dedicarnos a pensar más en la tecnología y menos en los pleitos por un quítame allá esas patentes.

[Vía The Verge y CNet]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado hoy jueves que es ilegal que un juez ordene a un proveedor de servicios de Internet supervisar todos los datos que circulen por su red para evitar descargas ilegales. Según establece en su veredicto dicha corte, un sistema de filtrado de estas características vulnera gravemente la privacidad del usuario y los derechos de la empresa implicada.

El origen de la historia se remonta a 2004 cuando Sabam -un organismo que se dedica a gestionar los derechos de autor en Bélgica- denunció al proveedor local Scarlet, argumentando que los clientes de esta se aprovechaban de sus servicios para descargar contenido protegido mediante P2P sin pagar los cánones pertinentes. El juez encargado por aquel entonces del caso obligó a Scarlet a monitorizar las conexiones e impedir las infracciones, añadiendo que de lo contrario, sería sancionada. El ISP recurrió entonces ante el tribunal de apelación de Bruselas, que a su vez acudió al de la Unión alegando que de aplicarse dicha decisión al resto de compañías, se entraba en conflicto con las leyes europeas sobre el comercio electrónico y los derechos de los consumidores.

En la sentencia, el tribunal europeo resuelve así que exigir a las operadoras que vigilen las descargas ilegales "no respeta el requisito de garantizar un justo equilibrio entre el derecho de propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones".

[Actualización: La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, coincide con las entidades de gestión en que el canon está justificado, y que la sentencia de la Audiencia Nacional se debe a un fallo de forma, por lo que se trabajará en una nueva normativa. - ABC]

El epitafio del canon digital tal y como lo conocemos está escrito. Después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara la ilegalidad del gravamen con el que se marcaba los soportes digitales empleados por empresas y profesionales (pero no consumidores en el común de los sentidos), la Audiencia Nacional ha declarado nula la orden ministerial que recoge la normativa para aplicar el canon digital en España. Pero cuidado, porque no hablamos sólo de discos compactos, puesto que el documento recoge prácticamente cualquier tipo de soporte capaz de almacenar o reproducir información, incluyendo discos duros, impresoras multifunción (las pérfidas fotocopiadoras clandestinas usadas para duplicar las obras de Dragó en la soledad de nuestros húmedos sótanos), reproductores multimedia, pendrives, etc. Si has realizado un presupuesto online en una tienda de informática, seguramente habrás visto la puntilla bien introducida al final del listado.

El razonamiento de la Audiencia Nacional es que "la orden está afectada de vicio radical", pero aun así, desestima las solicitudes para que se devuelva el dinero recaudado desde su emisión en 2008. Naturalmente, las organizaciones de gestión afirman que el canon no es ilegal, y que recurrirán la sentencia, que achacan en cualquier caso a un defecto de forma por parte de la administración. Adicionalmente, Rafael Sánchez, su portavoz, indica que en caso de que se tumbara de forma definitiva la orden, seguiría vigente la normativa de 2006, que ya preveía el canon digital, pero con otras tarifas y un menor número de soportes afectados. Tendremos pues que estar atentos al desenlace final.

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Ni tres días después de que Alex de la Iglesia reconociera en la gala de los Premios Goya que internet es la salvación del cine y que no resulta conveniente atacar a sus moradores, a fin de cuentas, los mismos consumidores que luego llenan las salas, los dos grandes partidos políticos españoles, con la colaboración de CiU, han dado luz verde en el Congreso a la Ley Sinde tras pasar con éxito el rebote al Senado, y pese a la clamorosa oposición de los internautas.

El nuevo texto, aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y CiU y la oposición de PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC, incorpora varias modificaciones para satisfacer a sus ahora convertidos valedores. Lo más reseñable es la necesidad de que un juez apruebe la petición de los datos de los supuestos infractores de los derechos de autor a sus proveedores de servicios (las empresas de hosting). Además, se establece un plazo de 48 horas para que los proveedores retiren los archivos "nocivos" o presenten alegaciones, periodo tras el cual pasarán un periodo de observación de ocho días; pasado este plazo, se presentará un informe que después será valorado por una comisión para su exposición al juez correspondiente.

Hasta ahora el público sólo tenía información proveniente de Oracle y las palabras de Google con respecto al supuesto robo de código fuente en Android, no obstante, las cosas han cambiado radicalmente con pruebas bastante claras. Florian Mueller mantiene un blog dedicado a patentes, en donde se publica que tras analizar el código fuente del sistema operativo móvil androide encontró 43 archivos al parecer idénticos a otros de Java. Esto podría ser usado en el juicio planteado por Oracle contra Google, que vale aclarar, no busca que el software desaparezca, sino el pago de licencias.

Nada menos que 37 de los archivos llevan comentarios de "Confidencial" y "no distribuir" marcados por los creadores de Java 2 Standard Edition, y que después fueron cambiados a la licencia de Apache por los desarrolladores de Android. El cambio de licencia sin autorización viola las reglas más básicas de propiedad intelectual.

Quienes defienden a Google dicen que los archivos eran solo temporales y se usaron únicamente para pruebas, a pesar de eso, es un hecho el que fueron publicados entre el código de Android bajo una licencia que no correspondía. Existen más de 47 páginas con información al respecto siguiendo el enlace Leer, que si bien consiste en una lectura bastante pesada, termina siendo interesante para quienes gustan de este tipo de cosas.

El "coco" de los internautas españoles no ha muerto, pero sí se ha escondido brevemente en el armario. La famosa Ley Sinde ha naufragado esta noche en el Congreso tras una jornada de negociaciones interrumpidas entre el PSOE y CiU, que planteó una serie de exigencias a la postre inasumibles por los socialistas. Ningún partido salvo el PSOE votó a su favor.

La Disposición Final Segunda, bautizada en honor de la Ministra de Cultura e inscrita para su aprobación dentro de la Ley de Economía Sostenible, ha sido objeto de las iras de internautas, asociaciones de consumidores (FACUA se ha mostrado particularmente guerrera) y grupos opositores por facilitar el cierre por comisión de páginas con enlaces P2P o a sitios de descargas. Aunque desde el principio fue muy criticada por ser considerada una ley prêt-à-porter para las organizaciones de gestión de los derechos de autor, el auténtico escándalo saltó cuando se hizo público a través de Wikileaks que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, presionó en favor de la MPAA, y después el Gobierno de España pidió a EEUU que presionará a la oposición española.

En abril de 2009 los fundadores de Pirate Bay perdieron un juicio en su contra y fueron condenados a un año de prisión y al pago de 4,2 millones de dólares. El pleito legal pasó después a la corte de apelaciones sueca, que anunció hoy una nueva sentencia: 4, 8 y 10 meses de prisión para Carl Lundström, Peter Sunde y Fredrik Neij, respectivamente (el cuarto fundador, Gottfrid Svartholm, no recibió una sentencia debido a enfermedad). Estos muchachos además deberán pagar una cantidad mayor a la anterior, que llega a los 46 millones de coronas (4,9 millones de euros/6,4 millones de dólares). Estamos seguros que a las empresas demandantes, Warner, MGM, Sony BMG y Universal, poco les importará la sentencia, porque lo que querrán es que el sitio web desaparezca lo antes posible, a pesar de que tenga nuevos dueños. Por nuestra parte, aconsejamos a los dos lados descargar una película y un poco de música y para calmar un poco los ánimos.

[Vía Pocket-lint]

No vamos a decir que estemos de acuerdo con que Gibson ponga una demanda a WowWee por un simple juguetito, pero tampoco hay forma de negar los parecidos entre las guitarras Paper Jamz y las Les Paul y Flying Vs. Eso sí, nos parece que hacer que los niños se aficionen a la música con estos aparatitos, para que después compren una guitarra eléctrica de verdad, es mejor que empezar a asustar a compañías con juicios que en realidad no benefician a nadie. Igualmente, es interesante saber que el fabricante WowWee no es el único perjudicado, porque las tiendas norteamericanas Toys 'R Us y hasta eBay están siendo atacadas legalmente por no haber impedido la venta de este producto después de recibir cartas de "cesar y desistir".

En fin, Gibson tiene derecho para proteger su marca como le parezca, a pesar de que nosotros opinemos que acciones como esta son un poco excesivas. Te dejamos con un video publicitario de Paper Jamz, que nada tiene que ver con este artículo pero es muy gracioso.

Era claro que Google no se iba a quedar con la boca callada ante la demanda de Oracle por el uso de Java en Android, por lo que no nos asombra ver que la respuesta pública ha aparecido poco tiempo después de iniciado todo. El gigante de las búsquedas simplemente dice que:

Nos decepciona que Oracle haya decidido atacar a Google y a la comunidad de código abierto de Java con este juicio sin fundamento. La comunidad de código abierto de Java va más allá que una corporación y trabaja a diario para hacer que la web sea un mejor lugar. Defenderemos enérgicamente los estándares de código abierto y continuaremos nuestro trabajo con la industria para desarrollar la plataforma Android.

Es decir, Google se protege detrás del escudo de la comunidad Java, mientras Oracle, consciente de lo que representa Android, pretende atacar a software gratuito. Lo único que queda claro es que la pelea será larga, y no nos perderemos ni un detalle de los eventos.

Finalmente la justicia sueca ha decidio condenar a los cuatro administradores del mayor tracker de BitTorrent del mundo, The Pirate Bay. Según el juez, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm, Peter Sunde -en la imagen- y Carl Lundstrom son culpables de "ofrecer un sitio con funciones sofisticadas de búsqueda, descargas sencillas y posibilidades de almacenamiento, y un tracker enlazado al sitio web (que ayudaba a los usuarios a cometer infracciones de copyright)".

Es por ello que los administradores ha sido condenados a un año de cárcel y obligados a pagar una indeminización de 30 millones de coronas suecas (3,5 millones de dólares/2,7 millones de euros) a una serie de compañías entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Warner Brothers, Columbia, Twentieth Century Fox, Sony BMG y EMI.

Curiosamente, esta sentencia no incluye la orden de cerrar la página web The Pirate Bay, la cual, hasta nuevo aviso, seguirá funcionando. Además, ya se ha apuntado que los cuatro imputados piensan recurrir. O sea, que parece que tendremos aún historia para rato.

[Artículo en inglés]

Pues nada. Finalmente Telecinco se ha salido con la suya y la demanda ha prosperado a su favor. Tal y como recordarás, la cadena de televisión española denunció a YouTube por emitir imágenes y vídeos del canal privado sin consentimiento de éste.

Palabras textuales, el auto solicita "la suspensión de la utilización de las emisiones y grabaciones audiovisuales cuyo derecho de propiedad intelectual pertenecen a Gestevisión Telecinco Cinema SAU, en el sitio web operado por YouTube, mientras que no cuenten con la autorización expresa y por escrito de Telecinco y Telecinco Cinema".

O sea que de un plumazo veremos desaparecer del portal de Internet cualquier vídeo e imagen cuyo derecho intelectual permanezca a Telecinco. Y no te extrañe si de aquí a varias semanas aparecen denuncias de otras cadenas, que vean con este logro el cielo abierto para llamar a sus abogados y comiencen a trabajar.

Una auténtica lástima. Personalmente, entiendo el enfado que pudo desatarse en Telecinco cuando se filtraron las imágenes de la muerte de la protagonista de una de las series más populares de la parilla televisiva antes de su emisión oficial. De hecho, estoy convencida que ese fue el hecho que desató la furia de los directivos de la cadena y, por tanto, todos los acontecimientos posteriores. Pero también YouTube ha ayudado al crecimiento del fenómeno fan y de espectadores de ciertos programas de los cuales se suceden vídeos, montajes y conversaciones entre los usuarios, por lo que esta decisión podría tener un arma de doble filo.

Eso sí, aún con las medidas impuestas por el juzgado de Madrid, al portal de vídeos más famoso del mundo le queda aún la posibilidad de recurrir. Así que puede que todavía no se haya cerrado el capítulo de este culebrón.

Una de las cadenas privadas más importantes del panorama televisivo español, Telecinco, ha hecho pública la denuncia interpuesta a YouTube, acusándola de atentar contra los derechos de propiedad intelectual, pirateando sus producciones.

Parece ser que la trifulca ya viene de lejos y es que Telecinco habría estado presionando a Youtube para que retirase los vídeos que publican sin el permiso de sus propietarios, protestas a las que el sitio web de vídeos ha hecho caso omiso, alegando, además, que las supuestas infracciones que ocurren en su portal no son provocadas por ellos mismos sino por lo usuarios que suben los vídeos.

A pesar de dicha defensa no las tienen todas consigo dado que la cadena de televisión les ha refutado recordándoles que, como administradores que son de la web, deben controlar las acciones ilegales que se produzcan en el mismo.

En un momento en que los españoles andamos algo sensibles con el tema del Canon Digital, noticias como estas hacen saltar las alarmas sobre las "restricciones" que últimamente nos vamos encontrando por el camino. Y es que ¿quién no ha buscado alguna vez las valoraciones de Risto Mejide en Operación Triunfo? -sus vídeos son, seguramente, de los más vistos de la cadena a través de YouTube-. Fuera bromas, esto es un tema serio y de ganar Telecinco mucho nos tememos que el resto de cadenas se lancen a protestar contagiados por la euforia de la victoria. Andaremos atentos a posibles novedades del caso.

¡Gracias Kaiba!