Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, ha anunciado hace escasos minutos que el Consejo de Ministros ha acordado la supresión del canon digital para sustituirlo por un "mecanismo de compensación" por copia privada mucho más justo y equitativo, cuyos criterios se desarrollarán próximamente en un Real Decreto. Del mismo modo, el Gobierno acaba de dar luz verde a una norma antidescargas que recoge la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual encargada de velar por los derechos de los creadores; dicho organismo estaba ya presente en la controvertida Ley Sinde, que había quedado en el aire con el gobierno anterior por las múltiples protestas y el desacuerdo generalizado entre los ministros. Sáenz de Santamaría ha indicado ante los medios que "sólo se va a actuar, con la correspondiente protección judicial, contra quienes se lucran indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de otros". Según ha explicado la vicepresidenta, con esta medida "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería".

[Foto: Elsergietenapuros, CC 2.0]

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado hoy jueves que es ilegal que un juez ordene a un proveedor de servicios de Internet supervisar todos los datos que circulen por su red para evitar descargas ilegales. Según establece en su veredicto dicha corte, un sistema de filtrado de estas características vulnera gravemente la privacidad del usuario y los derechos de la empresa implicada.

El origen de la historia se remonta a 2004 cuando Sabam -un organismo que se dedica a gestionar los derechos de autor en Bélgica- denunció al proveedor local Scarlet, argumentando que los clientes de esta se aprovechaban de sus servicios para descargar contenido protegido mediante P2P sin pagar los cánones pertinentes. El juez encargado por aquel entonces del caso obligó a Scarlet a monitorizar las conexiones e impedir las infracciones, añadiendo que de lo contrario, sería sancionada. El ISP recurrió entonces ante el tribunal de apelación de Bruselas, que a su vez acudió al de la Unión alegando que de aplicarse dicha decisión al resto de compañías, se entraba en conflicto con las leyes europeas sobre el comercio electrónico y los derechos de los consumidores.

En la sentencia, el tribunal europeo resuelve así que exigir a las operadoras que vigilen las descargas ilegales "no respeta el requisito de garantizar un justo equilibrio entre el derecho de propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones".